Idealmente, la legislación de tráfico relativa a la bicicleta debería ser mínima.
En un mundo perfecto, la legislación sobre el tráfico de bicicletas debería reducirse estrictamente a confirmar que la bicicleta tiene la consideración legal de vehículo y que, por tanto, sus conductores tienen similares derechos y obligaciones al resto de conductores, con mínimas referencias a aspectos especiales, como determinadas cuestiones técnicas o la regulación del aparcamiento en ciudad.
Los únicos elementos imprescindibles para una buena legislación sobre la bicicleta serían los siguientes:
(i) una regla básica que defina a la bicicleta como vehículo y, por tanto, equipare los derechos y obligaciones de los conductores de una bicicleta con los de conductores de otros vehículos;
(ii) una regulación de ciertas cuestiones específicas relativas al equipamiento y características técnicas de la bicicleta; y
(iii) pequeñas adaptaciones de las reglas generales de tráfico que aplican con carácter general a los conductores de vehículos, teniendo en cuenta ciertas particularidades de la bicicleta.
Sobran las discriminaciones de todo tipo – las negativas y también las pretendidamente positivas -.
Sin embargo, la realidad de la que partimos en este momento en España es la de una legislación de tráfico del Estado que ha incorporado diversas reglas discriminatorias de la bicicleta, reglas que han llegado a distorsionar en la percepción mayoritaria en la sociedad cuál es la forma correcta de circular en bicicleta.
Se trata de reglas que no aplican al resto de vehículos y que no sólo son innecesarias, sino que, aplicadas de forma estricta o, incluso, malinterpretadas como han sido a menudo, favorecen de hecho un uso poco seguro de la bicicleta.
Un ejemplo de este tipo de reglas son las que han dan sido interpretadas como una imposición de circular en bicicleta por el arcén o por el borde derecho de la calzada, lo más lejos posible del resto del tráfico.
Por eso, desde un planteamiento eminentemente posibilista y práctico, y teniendo en cuenta que se parte de una percepción social de la bicicleta propia de un páramo carrilbicista, y por ende, de una situación de discriminación negativa y de deslegitimación de la bicicleta como vehículo de pleno derecho, consideramos conveniente la incorporación en el nuevo Reglamento General de Circulación de una regulación ad hoc específica de la circulación bicicleta, que desarrolle con cierto detalle los principios y reglas básicas de circulación en bicicleta por la calzada, y que entronque – mejorándola, pero sin una ruptura radical – con la tradición legislativa anterior en nuestro país.
Sin perjuicio de lo cual, por las razones ya apuntadas, consideramos que el ideal sería que en el futuro esta regulación especial de la bicicleta tendiera a desaparecer, a medida que los usuarios de la bicicleta fueran verdaderamente reconocidos, de hecho y de derecho, como usuarios de un vehículo con plena legitimidad en el tráfico.
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Por otra parte valoramos positivamente los siguientes puntos:
Por último, nos gustaría que se considerara incorporar al texto definitivo los siguientes puntos: