Intervención, coste y libertad

 

Carlos Rodriguez Braun, en Expansión

Uno de los argumentos del intervencionismo predominante es que no debemos pagar los costes que nos impone el mal uso de la libertad ajena. Ha vuelto a plantearse a propósito de la posible relajación en los casinos de la ley contra los fumadores. Se nos avisó de que no podemos “bajar la guardia” ni “retroceder en una ley que funciona”, como si la coacción política fuera un asunto menor a la hora de explicar el “funcionamiento” de la ley. O “la salud de todos está en juego” o “la vida no tiene precio”, como si la libertad fuese gratuita o baladí.

La reflexión económica pasa por el coste del tabaquismo y por la cuestión crucial de quién lo paga. No entraré en la cuestión estadística, que posiblemente respalde a los liberales, porque el alarmismo en el caso del tabaco puede ser tan exagerado como en aquellos en los que se aplica un razonamiento idéntico, como en los accidentes de tráfico y todas las obligaciones que, con esa excusa, se han impuesto o se impondrán, como los cascos a los ciclistas urbanos, asunto también debatido estos días.

Me concentraré sólo en el argumento a primera vista poderoso de que usted no puede decidir fumar porque a mí me forzarán a pagarle el hospital. Su decisión debería ser libre según el célebre self-regarding principle de Mill: “El único propósito por el que puede ejercitarse con pleno derecho el poder sobre cualquier integrante de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es para impedir que dañe a otros. Su propio bien, físico o moral, no es justificación suficiente”.

Pero ese principio es insostenible: casi todo lo que hacemos afecta a los demás. Mill lo intentó abordar desde el punto de vista utilitario y fracasó, al eludir los derechos no legales y el papel del Estado. Al final, la confusión acabó por facilitar las vastas usurpaciones del moderno Estado opresor, que paradójicamente protege nuestra libertad arrebatándonosla, entre otras razones por la mencionada externalidad: usted no puede ser libre para fumar porque resulta que a mí me obligan a pagar su curación.

El intervencionismo convencional está muy satisfecho con esta idea, que al parecer lo mantiene al margen de un supuesto ultraliberalismo anarcoide.

No debería sonreír tanto, empero, porque el argumento no reconoce lo obvio: la externalidad es generada por la coacción del propio Estado, que después se presenta para “resolver” el problema que él mismo ha creado, y someter a la población a chantajes que nunca tienen otra solución que el incremento de la misma coacción.

La conclusión es inquietante y devastadora para el pensamiento único. Si usted puede ser libre para fumar sólo si yo puedo ser libre para no financiar la sanidad pública, podríamos hacerlo los dos a la vez y ser, efectivamente, libres ambos.

El Estado, para “resolver” problemas que él mismo ha creado, somete a la población a chantajes.

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One comment

  1. De flipar:

    http://www.valenciaplaza.com/ver/88617/bicicleta-y-casco-inseparables.html

    “Además de casco, también tango al día la licencia federativa (o un seguro privado equivalente) para evitar casos como el del ciclista que fue condenado a pagar 10.500 euros a una mujer a la que arrolló en la acera de Colón.”

    Curiosamente, los detractores del uso de caso en la ciudad […]

    En cuanto a la tercera razón, en un ensayo sobre la libertad Stuart Mill señalaba la frase célebre “la libertad del individuo acaba donde empieza la libertad de los demás”. La decisión de no ponerse el casco en bici no es individual, ya que genera externalidades sobre terceros. Si por la decisión individual de no ponerse el caso, el ciclista resulta gravemente contusionado, las consecuencias se extienden a su familia y más allá. ¿Acaso no pagamos entre todos el hospital, la ambulancia y en el mejor de los casos el cuidado posterior?

    En materia de reglamentación vial, se suele realizar un análisis de coste beneficio. No nos imponen el uso del casco o del cinturón sólo porque se preocupen por nuestras vidas. El coste de imponer medidas en seguridad vial es menor que la factura que hay que pagar en caso de accidente. Tan solo en países donde no hay cobertura sanitaria universal (como EE UU) se pueden permitir el lujo no legislar estos asuntos.

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